Ciudadanos y partitocracia

5min 4
Nº2011 - al de Marzo de 2019
por Fernando Santullo

Si algo parece venir demostrando este “no arranque” de campaña electoral es que cada partido político viene diseñando su agenda en términos de lógica interna. Es decir, más interesados en mantener unos el poder y otros en recuperarlo como sea, que en debatir los contenidos de aquello que piensan hacer una vez lo conserven o lo recuperen. Puede parecer natural que sea así: cada partido tiene su propia agenda y su principal preocupación es sacarla adelante en la futura competencia electoral con los otros partidos que operan en la escena política. En cualquier caso, esa lógica sirve para retomar la vieja preocupación por las distancias entre partidos y ciudadanos.

Quizá no venga mal recuperar la vieja definición de “partido” que daba Edmund Burke en el siglo XVII: “Un partido es un grupo de hombres unidos con el fin de promover, mediante sus esfuerzos conjuntos, el interés nacional, sobre la base de algún principio particular en el que todos ellos coincidan”. Burke distinguía “partidos” de “facciones”: el “partido” sería una organización entre soberanos (ciudadanos podríamos decir hoy) con fines superiores a la simple y mezquina tarea de obtener puestos y salarios dentro del Estado y el gobierno, que es a lo que se dedica la “facción”. Por eso la clave política de su definición, esto es, hacer aquello que sea mejor para la colectividad, es “el interés nacional”.

Desde Burke para acá ese “interés” ha sido y es objeto de debate. Esto no impide que la idea siga allí: hacer política partidaria tiene que ver, antes que nada, con buscar y procurar el interés del colectivo. Y la idea de “facción” es vista como lo contrario no solo a los partidos sino también a la propia idea de “hacer política”. Volviendo al comienzo, a veces uno tiene la sensación de que más que ante una lucha de partidos, atrás de los discursos que cada partido sostiene sobre aquello que es mejor para “el pueblo” o “la gente”, estamos asistiendo por momentos a un combate entre facciones.

Como recordó el politólogo Daniel Chasquetti en una reciente tertulia en el programa radial Fuentes confiables, a propósito del reciente discurso de Tabaré Vázquez en el Antel Arena, al comienzo del año legislativo todos los presidentes están obligados a presentar ante el Parlamento un informe sobre el estado de la Administración. Chasquetti apuntó que Luis Alberto Lacalle se presentaba siempre ante la Asamblea General y allí leía su discurso. También que otros han usado la cadena nacional y otros simplemente han enviado el informe sin mayor gesto. “Me parece que Tabaré Vázquez utilizó esta exigencia constitucional para intentar solucionar algunos problemas que tiene su gobierno y su partido”, dijo Chasquetti, señalando que “el presidente está tratando de ayudar a su partido a ganar la próxima elección”.

La tertulia donde estaba Chasquetti se completaba con la socióloga Mariana Pomiés y el politólogo Adolfo Garcé. Pomiés consideró que fue un buen discurso para los convencidos y uno muy largo para los que están dudando del Frente Amplio y del gobierno. Garcé por su parte apuntó que fue “un discurso político que debería haberse dado en el Parlamento”, ya que él cree que “lo más conveniente para la democracia en Uruguay es la práctica de los presidentes yendo a dar ese discurso ante la Asamblea General”. Garcé dijo también que el discurso de Vázquez fue “totalmente razonable desde el punto de vista político partidario”.

La tertulia toda (muy interesante y razonada por cierto) asumió de manera automática la lógica y el marco del propio discurso de Vázquez, esto es: que si el partido de gobierno estaba generando dudas, lo natural es que el presidente defienda su gestión y entonces nos dedicamos a hablar sobre lo que dijo, aunque lo haga en exclusiva para sus militantes y eventuales votantes. Se pasó así a discutir dentro de la retícula propuesta por el presidente y el partido de gobierno. En la tertulia no se dijo casi nada sobre, por ejemplo, todo aquello que el discurso del presidente no mencionó y podía haber mencionado. O sobre si existen distancias entre lo que parece ser prioridad para el presidente y su gobierno y algunas de las demandas que emergen desde distintos actores de la sociedad civil. Actores que no tienen por qué tener ideología propia (en tanto movimiento) ni coincidir con las líneas ideológicas partidarias.

En cualquier caso, este mirar los temas políticos como si fueran partidarios no parece ser un problema específico de esa tertulia sino más bien una forma de entender los vínculos entre partidos, gobierno y sociedad en el Uruguay de hoy. Y, si me apuran, en buena parte de las sociedades democráticas de hoy. Tan así es que en algunos análisis se habla directamente de partitocracia y no de democracia. Partitocracia que se caracteriza porque los “órganos fundamentales del poder estatal” terminan siendo “meros ejecutores de las decisiones adoptadas en la esfera de los partidos”. Y, cuidado: esto no es algo exclusivo del actual partido de gobierno, ya que en mayor o menor medida esa ha sido la norma implícita en Uruguay desde la recuperación democrática de mitad de los ochenta hasta hoy.

Un ejemplo reciente de este desfasaje que puede abrirse entre gobiernos, partidos y gobernados es el de la nueva planta de la papelera UPM. Se tenga la opinión que se tenga sobre el asunto, es claro que se trata de un tema que afecta de muchas y muy serias maneras la vida de un montón de uruguayos a lo largo del tiempo. Y cuando se trata de decisiones tan grandes sobre temas tan importantes, en una democracia la sociedad civil puede organizarse y cuestionar las medidas de un gobierno. De hecho, es sanamente democrático que lo haga.

Así, un tema que desde el poder se intentó laudar de manera automática y hasta silenciosa, llegó hasta la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados de la mano de los activistas del grupo UPM2 No, quienes con sus acciones lograron que esta comisión se sentara a discutir los términos del contrato con los jerarcas del gobierno que lo firmaron. Según los activistas, esa firma del contrato, en las condiciones que se hicieron públicas hace unos meses viola la Constitución.

Mas allá de lo que se piense sobre el tema UPM2, lo cierto es que unos ciudadanos se organizaron para protestar y que, además, creen que el contrato firmado es inconstitucional. Y que esos ciudadanos simplemente están ejerciendo un derecho garantizado por esa misma Constitución. Ese ejercicio pone en evidencia, una vez más, que las agendas de los partidos de gobierno (y de los partidos en general) no siempre están alineadas con las de los ciudadanos.

Pone en evidencia también que, por distintas razones, muchas veces los partidos pueden terminar operando como facciones y no como partidos. Esto es, preservando ese poder y las prebendas que se derivan de su ejercicio. Por eso conviene no olvidar la definición que Giovanni Sartori dio sobre los partidos en 1976: “Los partidos son conductos de expresión: son un instrumento para representar al pueblo al expresar sus exigencias. Los partidos no se desarrollaron para comunicar al pueblo los deseos de las autoridades, sino para comunicar a las autoridades los deseos del pueblo”.

✔️ Ser viejo tampoco es delito

Regístrate sin costo, recibe notas de regalo.