El oficialismo y la oposición llevan su enfrentamiento al ámbito judicial

3min 8
Nº2077 - al de 2020

La presentación de una denuncia penal que implica a la vicepresidenta de la República realizada por los senadores del Frente Amplio (FA) causó malestar en el oficialismo, que interpreta esa acción como una “venganza” por haber llevado a la Justicia el “caso Sendic”, dijeron a Búsqueda fuentes políticas. Simultáneamente, el gobierno trasladó al ámbito judicial situaciones presuntamente irregulares durante la anterior administración.

El relacionamiento se había tensado ya con la divulgación por jerarcas del nuevo gobierno de varios hechos de supuesta mala gestión del período anterior, en particular en el Ministerio de Desarrollo Social.

El miércoles 3, la Presidencia de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) presentó una denuncia para que se investigue la sustracción y destrucción de documentación de la Secretaría General hecha por un exfuncionario del organismo, que ingresó al edificio con ese propósito. Como derivación de la investigación, un administrativo de la Fiscalía General de la Nación fue separado de su cargo, sumariado e imputado por un delito de abuso innominado de funciones por la “filtración de una información a una persona que estaba siendo investigada por un presunto delito”. Fuentes de la Fiscalía confirmaron a Búsqueda que esa persona que recibió los datos filtrados es quien está siendo indagada por la destrucción de papeles con una máquina trituradora en la Ursec.

Paralelamente, dijeron a Búsqueda fuentes oficiales que el Poder Ejecutivo prevé hacer públicas al inicio de julio las primeras ocho auditorías realizadas en reparticiones estatales. En algunos casos la Auditoría Interna de la Nación ya notificó a las autoridades respectivas el resultado de sus actuaciones.

“Venganza” 

La denuncia penal presentada el miércoles 24 por los integrantes de la bancada de senadores del FA refiere a “una serie de hechos que podrían tipificar diferentes delitos, donde podría llegar a estar involucrada la Sra. vicepresidenta de la República, escribana Beatriz Argimón”. El escrito agrega que de la grabación de la conversación entre Argimón y el empresario Fernando Cristino que circuló a partir del jueves 18 en redes sociales “emergen elementos graves, los cuales deben ser analizados por la Justicia” porque “ponen en juego aspectos sustanciales de las garantías democráticas”, en referencia a posibles “vigilancias electrónicas”. Alude a otros pasajes del diálogo que ponen “a la investidura del presidente y la vicepresidenta en una situación compleja, donde se habla de extorsión y otro tipo de solicitudes”.

“Eso es una venganza de lo de Sendic”, el exvicepresidente de la República del último período del FA que terminó renunciando, comentó a Búsqueda un senador nacionalista luego de enterarse de la denuncia judicial sobre el audio de Argimón. Para los blancos, y para sus socios de la coalición, el tema tomó una trascendencia inesperada y hasta inverosímil, según dijeron varias fuentes del gobierno. Otra cuestión que llamó la atención a los parlamentarios blancos fue que, durante una reunión en el Palacio Legislativo, donde la vicepresidenta se puso a disposición para responder las preguntas del caso y dio explicaciones sobre el alcance de esta conversación filtrada, los senadores del FA no exhibieron la misma actitud “combativa” que reflejarían horas después con el envío del tema a la Justicia. “Es una actitud que no le está haciendo ningún bien al diálogo con la oposición”, sentenció un legislador del oficialismo.

Este clima de enfrentamiento entre el oficialismo y el Frente Amplio quedó instalado en el preámbulo de la discusión de la Rendición de Cuentas de 2019 —que se enviará al Parlamento antes de fin de mes— y el proyecto de presupuesto quinquenal.

Regístrate sin costo, recibe notas de regalo.