Entre la evidencia y el miedo

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Nº2042 - al de Octubre de 2019
por Fernando Santullo

Como ocurre con la mayor parte de los asuntos colectivos que se discuten en estos días preelectorales, el tema de “la reforma de Larrañaga” se ha convertido en un Peñarol vs. Nacional de toda la vida: pelotazos al obol, patadas a destiempo, insultos a los “tibios” que no meten, poquísimos argumentos a la hora del juego y, sobre todo, torpeza y tosquedad a partes iguales. Un clásico en toda regla. Tan es así que de los cuatro puntos centrales que plantea la reforma constitucional promovida por el senador blanco, esto es, cumplimiento total de penas, allanamientos nocturnos, reclusión permanente revisable y una guardia nacional conformada por militares, todos los argumentos en contra se han concentrado en el último de ellos: la presencia de militares en la calle.

Quizá por temor a lo ocurrido en la dictadura y antes, con el llamado “combate a la sedición”, una parte importante de la sociedad uruguaya es radicalmente refractaria a que la seguridad entre civiles quede en manos de militares. O por lo menos cuando eso se plantea para las ciudades. Porque para la franja de 20 kilómetros que sigue a la frontera, el Senado aprobó el año pasado la ley que dice que la seguridad de ese territorio queda a cargo de los militares. Eso ya está ocurriendo y, tras hacer una rápida búsqueda en la prensa, no he visto que los opositores a la reforma hayan mencionado esto en sus proclamas.

Decía que las críticas al proyecto de Larrañaga se han concentrado en el tema militar y han pasado por alto el que, a mi entender, es el centro del problema delictivo en el país. Esto es, que la reforma apuesta por un incremento de la punitividad a través del aumento de penas y del cumplimiento completo de las mismas. Es decir, la idea de que cuanto más dura sea la pena que se reciba por el delito, cuanto más tiempo el delincuente permanezca en la cárcel, más se reducirá el delito.

El problema que tiene esta idea es que carece por completo de evidencia empírica. Es decir, nadie ha logrado demostrar hasta ahora que tener más tiempo a la gente en la cárcel contribuya a hacer descender los índices delictivos. Se han realizado montones de investigaciones al respecto en EE.UU., Inglaterra y también en países de América Latina y ninguna ha logrado correlacionar una mayor permanencia en la cárcel con una reducción del delito.

No dudo, no tengo por qué hacerlo, de las buenas intenciones de Larrañaga y la reforma que propone. Es solo que cuando se hace un diagnóstico equivocado de un problema, las soluciones que se plantean están necesariamente equivocadas. Descartadas las malas intenciones (una “política de las intenciones” no solo es aburrida por indemostrable, también vuelve imposible la política real), asumiendo que la reforma se presenta como ese “algo hay que hacer” que uno escucha ante la percepción generalizada de que la delincuencia empeora en el país, me temo que es una muestra más de que en Uruguay son escasas las propuestas políticas que usan la evidencia disponible como material. Nota al margen pero pertinente: endurecer las penas no funciona, incluso en los casos de feminicidio y esa puede ser una de las razones para que la cifra de mujeres asesinadas no baje a pesar de los cambios legales.

Como recuerda el politólogo español Kiko Llaneras: “La política basada en la evidencia busca que las políticas públicas estén (más) informadas por evidencias fruto de investigaciones rigurosas. En la práctica, esto pasa por incorporar conocimiento empírico en todas las etapas del proceso, desde que se identifica el problema hasta que se formula e implementa una política que lo enfrente. Supone también verificar el éxito o fracaso de acciones en funcionamiento, e incluso llevar a cabo ensayos para evaluar un programa antes de su puesta en marcha”.

Nada de eso parece cumplirse en la propuesta de Larrañaga, que se limita a repetir algo que ya se ha planteado antes en otras partes y que en ninguna de esas partes ha funcionado. Con el problema adicional de que quienes se oponen frontalmente a la reforma con la consigna “La reforma no es la forma” dejan una patita en el aire: si la reforma no es la forma, ¿cuál es la forma? Porque la propuesta de Larrañaga puede estar equivocada, pero tiene un apoyo superior al 50% (según la encuestadora Opción, el apoyo llega al 62%) entre la población, una población que no está cómoda con el actual estado de las cosas.

Si le creemos al comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, la cárcel uruguaya “está cayendo en una catástrofe”. En su informe 2018 (presentado el pasado mes de agosto) Petit recuerda que “todavía un 35% de la población penitenciaria está en unidades de condiciones que implican tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Es decir, que de aplicarse la reforma en los aspectos relacionados con la prisión permanente revisable y el cumplimiento de las penas completas, con el actual sistema carcelario es muy probable que empeoren las cosas.

Es verdad que en nuestro país se llevan a cabo un número importante de políticas de rehabilitación que, en ocasiones y gracias al esfuerzo de quienes las ejecutan, obtienen buenos resultados. Sin embargo, una vez más, no parece haber evidencia empírica de que la rehabilitación como procedimiento funcione bien, sobre todo si se contrasta costo vs. resultados. De hecho, el paradigma de la cárcel como rehabilitadora se encuentra cuestionado en la actualidad.

Como apunta el sociólogo Pablo Menese, “la rehabilitación se basa en la idea de que un privado de libertad es carente de un conjunto de elementos que hasta el momento lo han hecho perpetrar delitos y de este modo cumplir pena. Por eso en general los procesos de rehabilitación se concentran en componentes educativos y laborales en la carcel”. Menese, quien junto a Fiorella Ciapessoni, Nicolás Trajtnberg y Ana Vigna realizara el estudio Políticas de reingreso destinadas a personas privadas de libertad y liberadas cree que es mejor entender el “proceso de privación de libertad como el inicio del reingreso a la sociedad”. De ahí que en los programas de reingreso el trabajo del preso es fuera de la cárcel y el dispositivo interviene también en la familia y el contexto barrial de origen. “Los programas de reingreso con mayor éxito se concentran en cuatro dimensiones: familia, hogar, trabajo y convivencia, de este modo, una persona que recupera la libertad ambulatoria, pasó toda la pena de prisión preparándose para la convivencia en el afuera”, apunta el sociólogo.

No sé qué tan viable sea ese modelo en Uruguay, pero es uno que cuenta con cierta evidencia contrastada a su favor (el caso del Reino Unido es el más notable). Solo eso, ya es mucho más que una reforma que se limita a repetir fórmulas que, se sabe, no han mejorado aquello que intentan mejorar. Y, del otro lado, puede ayudar a terminar con una situación, la actual, en donde un montón de presos son condenados lisa y llanamente a empeorar mientras una sociedad que no encuentra alternativas, los mira de reojo y con creciente temor. Si no apelamos a la evidencia, solo nos va a quedar el camino del miedo.

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