Foto: Javier Calvelo/ adhocFotos

La ANEP y los colegios reconocen sus límites, pese a contar con protocolos de actuación y clases sobre educación sexual y uso de las tecnologías y las redes sociales

La educación “corre de atrás” ante la difusión de imágenes de sexo explícito dentro y fuera de centros públicos y privados

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Nº2003 - al de Enero de 2019

“Para ellos fue rebeldía, curiosidad, juego, inconsciencia, irresponsabilidad, riesgo, denuncia silenciosa, desafío a sí mismos y a la sociedad en la que viven. Para nosotros es un alerta para cuidarlos más”. Esto expresó un grupo de padres en un comunicado que circuló por las redes sociales a mediados de 2018 tras la difusión de un video de contenido sexual en el que participaron alumnos del liceo Nº 4 de Maldonado, quienes registraron las imágenes luego viralizadas por WhatsApp. “Si compartís la idea de que el problema no es del que aparece en el video, sino de la comunidad toda, no difundas el material en las redes, no señales con el dedo a los que pertenecen a la institución, no hagas chistes de mal gusto”, escribieron esos padres.

En ese caso, el Consejo de Educación Secundaria (CES) levantó una sanción de 15 días de suspensión que le había aplicado la dirección del liceo a los alumnos por su participación en el video —donde se ve a dos jóvenes manteniendo relaciones sexuales— y también a quienes filmaron y divulgaron el material en las redes, todos adolescentes, según informó El Observador en agosto. El Consejo revió la sanción disciplinaria del liceo por entender que la filmación de los actos sexuales se realizó fuera del centro educativo y del horario de clases.

Autoridades de la educación pública y privada consultadas por Búsqueda asumieron que las instituciones suelen “correr de atrás” frente a esta “problemática”, porque los videos y fotografías suelen propagarse a gran velocidad y provocar “enormes daños”, tanto a los involucrados como a sus familias y a toda la comunidad educativa. Y esto pese a la existencia de “protocolos de convivencia y de actuación” en la mayoría de los centros educativos, y al dictado de clases sobre educación sexual y “de reflexión y concientización” sobre el uso de las redes y la publicación de material íntimo.

Por un lado, está el fácil acceso que tienen los alumnos desde la infancia a los dispositivos móviles y a las plataformas web que los conecta con mucha más información de la que pueden elaborar, dijo a Búsqueda Zózima González, presidenta de la Asociación de Institutos de Educación Privada (Aiep). Por otro, siguió, todo lo que pasa en la sociedad se refleja en las instituciones. “No hay un muro que impida el bombardeo permanente de imágenes al alcance de los menores sin el tamiz de la censura o de algún filtro que detenga el pasaje de mensajes no aptos para su edad”.

Al tanto de algunos casos “lamentables” ocurridos últimamente en varios colegios, esta especialista sostuvo que el fenómeno no se puede generalizar pero “está instalado”, que “existe un marco ético” y también “un sistema de derecho” que el alumno debe conocer. No obstante, reconoció que las instituciones educativas están todavía “en una etapa embrionaria de acciones para convivir con las nuevas tecnologías”.

“Estos cambios son muy rápidos y la respuesta de la educación es lenta”, dijo González, también directora del Colegio Jean Piaget. Y asumió: “Estamos corriendo detrás en estos temas”.

“Estos cambios son muy rápidos y la respuesta de la educación es lenta”, dijo González, también directora del Colegio Jean Piaget. Y asumió: “Estamos corriendo detrás en estos temas”.

Otro problema es cómo y cuándo intervenir ante la viralización de imágenes de sexo entre los estudiantes puertas afuera de los centros educativos. Para González, “la institución no puede hacerse cargo de aquello que no puede controlar”. Empero, aclaró que el centro tampoco puede desen­tenderse del problema cuando el alumno viste una túnica, un uniforme o un distintivo del colegio.

Rafael Ibarzabal, director nacional de la Asociación Uruguaya de Educación Católica (Audec), coincidió con el diagnóstico general de González: “Las instituciones corremos detrás” del problema, pero “no podemos hacernos cargo de lo que sucede afuera”. Añadió que, de todas formas, el asunto de hasta dónde llega la responsabilidad de los centros educativos “es ambiguo”. Otra discusión, prosiguió, es dónde se aplica la disciplina. “¿Cuál es la frontera?”.

A su juicio, hay una responsabilidad del centro educativo, pero también de la familia. “Los chicos no hacen tanto lo que sus papás les dicen como lo que sus papás hacen o les ven hacer. Y vivimos en un entorno lleno de imágenes, de pantallas, donde hay una cierta banalización de la intimidad. Se ha perdido un poco el sentido de pudor, y eso genera problemas entre los adolescentes”, opinó.

Ibarzabal alertó sobre el riesgo de no hablar de estos temas en clase por creer que los alumnos saben más de lo que algunos docentes suponen. “Hoy dices pudor o intimidad y la enorme mayoría de los jóvenes no saben qué significan esas palabras”.

Otro problema es cómo y cuándo intervenir ante la viralización de imágenes de sexo entre los estudiantes puertas afuera de los centros educativos. Para González, “la institución no puede hacerse cargo de aquello que no puede controlar”.

En la educación pública ocurre otro tanto de lo mismo, aseguró a Búsqueda la consejera Laura Motta. No obstante, afirmó que las instituciones deben intervenir cuando se producen episodios como el del liceo de Maldonado, en el que estuvieron involucrados estudiantes de ese centro, indicó la consejera política del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Pero indicó que más allá de aplicar sanciones disciplinarias hay que buscar “vías pedagógicas” para ayudar a los adolescentes a conducirse en las redes sociales.

Para la directora general de Secundaria, Ana Olivera, el sistema cuenta en estos casos con “un gran paraguas institucional”, que es el protocolo de intervención ante situaciones de violencia elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Codicen. En casos de ciberviolencia o ciberbullying, el centro educativo envía por escrito lo relevado a Secundaria para “intervenir de urgencia” e impedir que se diluya la prueba. A partir de eso se define un plan de acción, preservando la identidad de las personas afectadas, para evitar, entre otras cosas, la sobreexposición mediática.

Según datos del área de Delitos Tecnológicos del Ministerio del Interior, durante 2016 hubo más de 700 denuncias asociadas a ciberdelitos. La mayoría de las víctimas son menores de edad, sobre todo adolescentes y de sexo femenino.

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