Trabajadores de Montevideo Gas en conflicto. Foto: Pablo Vignali / adhocfotos

La empresa lo considera un “antecedente importante” pero el sindicato insisitirá con la medida

La Justicia prohibió “control obrero” de MontevideoGas

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Nº2017 - al de 2019

Despejada por vía judicial la posibilidad de que el sindicato de MontevideoGas tome la gestión de la empresa, la concesionaria —de la estatal brasileña Petrobras— se enfocará en lograr “rápidamente” una mejora de la ecuación económica y financiera, comentó a Búsqueda Sandra González, abogada de la firma y socia de Ferrere Abogados.

El miércoles 24 la Justicia hizo lugar a la acción de amparo promovida por MontevideoGas contra la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas (Uaoegas), que había anunciado el “control obrero” de la firma para el martes 23 si no cesaba en su intención de recortar gastos y despedir a una treintena de trabajadores.

El fallo prohibió “a partir de la fecha y en el futuro” a la Uaoegas “obstaculizar el ingreso y egreso de otros trabajadores e integrantes de la empresa al lugar donde se desarrollan las tareas, debiendo abstenerse especialmente de asumir el giro empresarial, tomando contacto con clientes y proveedores mediante amenazas de iniciar el control obrero”.

En un comunicado difundido el miércoles 24, MontevideoGas celebró la decisión de la Justicia, según la cual el “control obrero” atacaría la “genuina y verdadera gestión de la empresa, desconociendo directamente el derecho de propiedad”. “MontevideoGas confía en que se acatará esta decisión de la Justicia, como corresponde en un Estado de derecho”, concluyó.

Sin embargo, tras el fallo el sindicato insisitó con que intentará efectuar el “control obrero”.

González analizó que el fallo “sienta un antecedente importante” al determinar “muy categóricamente” que el control obrero es ilegal, “reafirmando que el derecho de propiedad está protegido”. Recordó que durante las audiencias el sindicato sostuvo que la acción que anunciaba era para los trabajadores un “paso hacia el desplazamiento del accionista de la empresa, en forma definitiva”.

Por eso, opinó que la sentencia es una “muy buena noticia” para la empresa, porque la “amenaza inminente, con día y hora”, estaba distorsionando su normal funcionamiento.

“Despeja uno de los elementos (de tensión) y permite enfocarse en lo que la empresa quiere hacer, que es concentrarse en mejorar su ecuación económica financiera”, añadió.

Petrobras está orientada a que ello ocurra “rápidamente”, agregó.

Semanas atrás, el diario brasileño O Globo informó que Petrobras maneja la posibilidad de devolver las concesiones de distribución de gas por cañería en Uruguay, ya que mantener la operación le está requiriendo asistencia financiera permanente. Por ese motivo, Petrobras estaría negociando con el gobierno uruguayo “salirse” del negocio de distribución, publicó El Observador el martes 9.

La petrolera brasileña está presente en Uruguay desde 1996 a través de la comercialización de lubricantes. A fines de 2004 ingresó en el negocio de la distribución de gas natural en el interior del país a través de Conecta, propietaria del 80% de las acciones (el 20% restante pertenece a Ancap). A mediados de 2006 adquirió parte de MontevideoGas, concesionaria desde 1994 de la distribución del gas por cañería en la capital, y desde 2011 controla el 100% de la firma. Además, a través de Petrobras Uruguay Distribución, el grupo opera 89 estaciones de servicio.

Fallo

 El jueves 11, MontevideoGas inició una acción de amparo en contra de la Uaoegas ante la amenaza anunciada de “sustituir mediante la fuerza a las autoridades de la empresa, por la incorporación de una Comisión designada por el propio sindicato”.

Entre los argumentos presentados, la demandante indicó que tal acción “lesiona con ilegitimidad manifiesta un conjunto de derechos y libertades” reconocidos en la Constitución afectando la seguridad jurídica.

La posibilidad de que se concretara el “control obrero” había generado preocupación entre las cámaras empresariales.

Tras la Semana de Turismo, el miércoles 24 la Justicia falló favorablemente en primera instancia al acoger el amparo promovido “en todos sus términos”.

Indicó que la medida denominada “control obrero” es “manifiestamente ilegítima y vulnera así de forma flagrante derechos y libertades constitucionales”.

“De efectivizarse la medida se afectaría en forma ostensible y notoria (…) la libertad en su sentido genérico, la propiedad, derechos a ejercer la industria y comercio, libertad de empresa o de iniciativa económica, viéndose consecuentemente afectadas las propias tareas laborales del colectivo demandado”.

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