El prerreferéndum contra la “ley trans” no alcanzó los votos necesarios para pasar a la siguiente etapa. Foto: Nicolás Der Agopián

Los mecanismos de democracia directa se afianzan en el país, aunque es difícil que los promotores alcancen sus objetivos

7min 1
Nº2032 - al de Agosto de 2019
escribe Daniel Lema

La posibilidad de que se aumentara el precio del boleto movilizó a la población montevideana en 1951. La molestia derivó en un referéndum contra el decreto departamental que incrementaba el boleto y la medida cayó. Fue la primera vez que la población, una parte en este caso, tomó una decisión respecto a una norma que no fuera la Constitución.

Debieron pasar 38 años más para que la población pudiera decidir sobre el futuro de una ley. En 1989, la continuidad de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado fue puesta en manos de la ciudadanía y superó la prueba: su derogación no alcanzó la mayoría de los votos.

Ejercer la democracia directa, es decir que los ciudadanos puedan decidir sobre una ley o una reforma constitucional, tiene una larga tradición en el país, que comenzó en 1917 con el primer gran cambio a la Carta Magna, y seguirá este año con otras dos consultas: una sobre seguridad y otra en contra de la Ley de Acceso a la Población a Servicios Financieros y Promoción del Uso de Medios de Pago Electrónicos, más conocida entre sus detractores como “ley de bancarización”.

En Uruguay existen varias formas para ejercer la democracia directa: la iniciativa ciudadana para proponer una reforma constitucional, otra para derogar leyes (referéndum), la iniciativa de ley para lo que se necesita el respaldo del 25% de los habilitados para votar y la obligación de someter a consulta popular toda reforma constitucional (plebiscito).

El domingo 4 fracasó el planteo de los dirigentes blancos Carlos Iafigliola y Álvaro Dastugue contra la Ley Integral para Personas Trans. Habían recurrido al mecanismo de consulta por etapas. Primero debieron conseguir al menos el 2% de firmas del padrón electoral. Y luego necesitaban que votara el 25% de los habilitados para interponer un recurso de referéndum. Pero no lograron la cifra necesaria, apenas llegaron al 10,1%.

La derrota de Iafigliola y Dastugue no es una excepción. Desde 1917 hasta el domingo pasado se registraron 30 instancias en las que se aplicó el recurso de referéndum o plebiscito. Hubo 21 plebiscitos, de los que se aprobaron 11. Además, solo dos de nueve iniciativas de referéndum fueron aprobadas.

La derrota de Iafigliola y Dastugue no es una excepción. Desde 1917 hasta el domingo pasado se registraron 30 instancias en las que se aplicó el recurso de referéndum o plebiscito. Hubo 21 plebiscitos, de los que se aprobaron 11. Además, solo dos de nueve iniciativas de referéndum fueron aprobadas.

Entre 1917 y 1971, la población debió resolver entre ratificar o rechazar las reformas constitucionales propuestas por los partidos Nacional y Colorado. En ese período, de nueve casos, fracasaron dos reformas planteadas: la de 1946 y la de 1971 (esta última pretendía incorporar la reelección inmediata del presidente).

Ya en dictadura tuvo lugar el recordado fracaso del plebiscito de 1980. El gobierno militar proponía una reforma constitucional que le daba más peso a las Fuerzas Armadas, mientras limitaba el papel de los partidos políticos, entre otras medidas. El triunfo del “No” fue una sorpresa muy celebrada en el exilio.

Con el retorno de la democracia casi se duplicaron las acciones de democracia directa. El 16 de abril de 1989 fracasó el referéndum para derogar la “ley de caducidad”, una iniciativa que fue convocada por la organización Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos, el Frente Amplio y el PIT-CNT.

Ese mismo año, sí se aprobó por abrumadora mayoría (81,78%) un plebiscito para que estableciera en la Constitución que el reajuste de las pasividades se haría según el Índice Medio de Salarios. En el 94 se aprobó otra reforma, con el 69,8% de los votos, para prohibir que se introdujeran modificaciones a la seguridad social por la vía de la Rendición de Cuentas.

Dos leyes fueron derogadas parcial o totalmente por la población. En 1992, el 72% aprobó un referéndum para derogar algunos artículos de la Ley de Empresas Públicas y la posibilidad de privatizarlas. En 2003, fue el caso de la derogación de la denominada “ley de Ancap”, que permitía la desregulación del monopolio de la empresa en materia de importancia, exportación y refinación de petróleo y sus derivados.

Con la llegada del Frente Amplio al gobierno, se promovieron plebiscitos y referéndums (seis), pero ninguno triunfó.

En dos casos, el Frente Amplio fue quien impulsó sin éxito los plebiscitos. Uno para permitir que los ciudadanos puedieran votar desde el exterior y otro para anular cuatro artículos de la “ley de caducidad”. Además, varios sectores del Frente Amplio, organizaciones de la sociedad civil y el sindicato de OSE promovieron un referéndum contra la “ley de riego”, pero no alcanzaron las firmas necesarias.

En las demás iniciativas estuvieron involucrados integrantes de los partidos Nacional y Colorado. Se buscó bajar la edad de imputabilidad, derogar la ley que despenaliza el aborto y eliminar la “ley trans”. El domingo 4 fue el “segundo fracaso ciudadano contra la nueva agenda de derechos”, evaluó el miércoles 7 el politólogo y director de Factum, Oscar Bottinelli, al hablar en Radio Uruguay.

Colibri de la campana No a la baja de edad de la ley de imputabilidad penal, 2014. Foto: Ricardo Antunez/adhocfotos

Seguridad

Las elecciones nacionales de octubre serán el escenario para poner a votación la reformar constitucional propuesta por el senador blanco Jorge Larrañaga. El legislador recolectó las más de 300.000 firmas necesarias para forzar un plebiscito y así habilitar el allanamiento nocturno, permitir la pena de reclusión perpetua revisable y crear una Guardia Nacional con integrantes de las Fuerzas Armadas para cumplir funciones de seguridad pública interior.

Los resultados de la última encuesta de Opción Consultores, a los que accedió Búsqueda, muestran una “tendencia muy estable” a favor de la reforma constitucional de Larrañaga, denominada Vivir sin Miedo. El 63% de los consultados dijo que está a favor, 29% en contra y 8% no fijó posición.

“Como es esperable, seguimos registrando fuerte segmentación por bloques: en votantes opositores, cerca de 8 de cada 10 aprueba la reforma, entre frentistas 7 de 10 la desaprueba”, dijo el director de Opinión Pública, Rafael Porzecanski.

Añadió que pese a que el candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que no apoya la reforma, “9 de cada 10” votantes de su partido sí la respalda.

“Naturalmente, apoyo potencial no es lo mismo que voto efectivo y el tema del ensobrado puede ser decisivo”, aclaró el sociólogo.

Campaña de recolección de firmas Vivir sin miedo. Foto: Ricardo Antúnez / adhocFOTOS

Cambios

Los mecanismos de democracia directa generan controversias. El diario El País informó el martes 6 que la actividad del domingo costó US$ 3 millones. En la nota, varios constitucionalistas mostraron diferencias en cuanto a las pocas firmas que se necesitan para iniciar el camino para convocar un referéndum.

Para Alicia Lissidini, doctora en Ciencia Política y profesora de Política Latinoamericana de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín, es momento de pensar en “aggiornar” los mecanismos de iniciativa de la ciudadanía.

Lissidini contó a Búsqueda que tiene pronto un trabajo titulado Democracia directa en Uruguay: apertura de agenda con restricciones, que se publicará en el libro El diablo está en los detalles. Referéndum y poder político en América Latina, un trabajo coordinado por Fernando Tuesta y Yanina Welp. En este documento propone algunas modificaciones que “hagan más sencillo, equitativo y transparente el ejercicio de la democracia directa y así canalizar la protesta por vías legales”.

La académica propone simplificar el sistema del referéndum, estableciendo una sola vía para derogar total o parcialmente una ley. “En lugar de una vía rápida y una vía larga, establecer una sola que exija un 10% de firmas que deben presentarse ante la Corte Electoral para convocar directamente a un referéndum. Es decir, bajar el porcentaje y eliminar el prerreferéndum”, escribió.

También sugirió que se reduzca la cantidad de firmas requeridas para proponer una ley ante el Poder Legislativo. Su idea es bajar del 25% de los ciudadanos al 10%. “De esta manera algunas demandas ciudadanas podrían canalizarse mediante una propuesta de ley”, explicó.

Además, dijo que se debería reglamentar la propaganda de las iniciativas ciudadanas, estableciendo espacios en los medios de comunicación pública para su difusión y debate. Promover la discusión de los temas es clave para la democracia, comentó Lissidini. Puso como ejemplo que ahora la gente “sabe más” sobre las políticas hacia la población trans. “Eso me parece una ganancia. Se habló del tema y eso no es algo irrelevante, sobre todo cuando hablamos de derechos humanos”, dijo a Búsqueda.

En la historia del país es posible encontrar en 1989 un quiebre en cuanto a quiénes impulsaban la democracia directa. Previo a la dictadura, eran los partidos políticos los que impulsaban las reformas constitucionales. “Era algún sector de un partido político que proponía una reforma constitucional, muchas veces para beneficiarse de alguna manera”, comentó Lissidini. Pero las organizaciones sociales (en especial los sindicatos, gremios de estudiantes, de derechos humanos), adquirieron un “mayor poder” a partir del referendo de 1989 contra la “ley de caducidad”.

En el documento, Lissidini escribió que la “canalización de la insatisfacción ciudadana por vías legales conlleva una serie de beneficios, tanto para las personas que protestan como para la democracia en su conjunto. En el caso de la democracia directa, la ciudadanía tiene la posibilidad de ejercer su función constituyente —mediante el plebiscito— y también participar ejerciendo una función legislativa —a través de la iniciativa de ley y del referéndum”.

Para Lissidini, estos mecanismos contribuyeron a “ampliar la democracia”, introducir temas en la agenda y permitir expresar opiniones contrarias a las leyes aprobadas.

Regístrate sin costo, recibe notas de regalo.