Un poquito de sensatez

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Nº2066 - al de Abril de 2020
por Andrés Danza

Son alrededor de 15.000 personas las involucradas. No llegan al 0,5% de la población total del Uruguay o, para ser más precisos, representan menos del 1% de los económicamente activos. Esto es uno de cada 100 de los que están en edad de trabajar. Uno de cada 100 para los que nunca hubo ni crisis de 2002, ni vaivenes económicos, ni nada. Hasta hoy.

Eso sí, antes era necesario que llegara una pandemia de coronavirus. Tenían que quedar decenas de miles sin trabajo, empresas sin liquidez y con corta vida, jornaleros o unipersonales sin poder subsistir. Tenían que asomar meses de penurias económicas para los trabajadores privados. Tenía que desplomarse casi todo para que ese 0,5% se sumara al grupo de los perjudicados.

Y, como no podía ser de otra manera, fue todo un sacudón político el proyecto de ley de rebaja salarial a los 15.000 funcionarios públicos que ganan más de $ 80.000 líquidos por mes y a las jubilaciones más altas. La medida es, en principio, solo por dos meses, aunque la bancada del Frente Amplio propuso extenderla a todo el período para algunos casos. Involucra a unos pocos, no implica ninguna revolución ni mucho menos, pero al menos trae un poquito de sensatez en medio de la noche.

No debe haber tema más recurrente entre los uruguayos indignados, un grupo cada vez más amplio, que los privilegios con los que cuentan algunos gobernantes y políticos. Capaz que no son tantos esos privilegios, pero el problema es que han permanecido incambiados en las últimas décadas. Nadie se animó a tocarlos.

El presidente Luis Lacalle Pou, coronavirus mediante, sí lo está haciendo. Son recortes salariales que van desde 5% hasta 20% y que involucran a todos los que están en la parte superior de la pirámide. Es un paso, tímido, pero tiene un gran valor histórico: ser el primero.

No lo hizo Jorge Batlle cuando el país se derrumbaba luego de la crisis financiera y bancaria de mediados de 2002, con un desempleo del 17% —todo en el sector privado, por supuesto— y la pobreza alcanzando casi a la mitad de la población. Intentó promover algo al respecto al inicio de su gobierno, cuando difundió los salarios de todos los funcionarios públicos, pero más de ahí no pudo avanzar. Tampoco habían hecho nada al respecto sus antecesores, el dos veces presidente colorado Julio Sanguinetti y el nacionalista Luis Alberto Lacalle.

El Frente Amplio gobernó luego durante 15 años, gracias a años de campaña electoral en la que cuestionó todos los privilegios de los que ejercían el poder. Pero después, cuando cruzó al otro lado del mostrador, fueron muy pocos los beneficios modificados y unos cuantos los que se sumaron, al igual que los cargos de confianza y otros asuntos asociados. Las pruebas están en los archivos periodísticos de los últimos años y sus implicancias terminaron generando hasta la renuncia de un vicepresidente.

Es cierto que el expresidente José Mujica donó el 80% de su sueldo durante su mandato, pero fue casi el único de su gobierno que aportó al Estado para realizar obras sociales. Al mismo tiempo, muchos otros aumentaron sus ingresos y sus privilegios, en abierta contradicción con lo que supuestamente era la administración del “presidente más pobre del mundo”. Tampoco allí hubo planteos de rebajas salariales para los sueldos públicos más altos ni nada que se le parezca.

En la última campaña electoral el sector de Mujica sí realizó varias propuestas de ese estilo. Pero fue tarde, cuando estaba por terminarse un período de tres gobiernos del Frente Amplio, y con un descreimiento creciente de la actividad política.

Lacalle Pou, como presidente, convenció a sus más allegados de que ahora hay que atacar a los salarios y jubilaciones públicas más privilegiadas. Dio el paso. Pequeño, si se tiene en cuenta la cantidad de personas involucradas y la duración, pero gigantesco si se analiza el pasado. Y correcto, por sobre todo lo demás. Imprescindible para intentar continuar en armonía con sus gobernados durante los próximos cinco años. Las encuestas de opinión ya están mostrando que la mayoría de los uruguayos lo aplaude.

Lo insólito es que algunos hayan manifestado públicamente sus resistencias. Muy pocos, pero que hacen un ruido inaudito. Cuestionan que no son suficientes las rebajas, que son inconsultas, que no se tuvo en cuenta a los sindicatos para adoptarlas, entre otros argumentos rebuscados. Buscan encontrar algo de qué agarrarse para seguir sin asumir la realidad, esa que día tras día los golpea en la cara.

Hay muchos que están quedando sin trabajo, que están perdiendo parte de su salario, que no saben si van a llegar a fin de mes o que buscan de qué forma sobrevivir. Una inmensa mayoría paga sus impuestos, sus tarifas públicas, pero vive con incertidumbre, sin la seguridad que ofrece el Estado a sus funcionarios. Carga con la angustia del día a día, de sentir que cada crisis va a destruir lo que le llevó meses o años ir construyendo.

Es a esa mayoría, generalmente silenciosa y vinculada a la actividad privada, a la que deberían defender los sindicalistas opositores a las rebajas salariales y sus socios políticos. Si no, ¿a quién es que representan? ¿Al 0,5% de la población uruguaya que se vería afectada con las medidas de recorte? ¿A los que son capaces de sobrevivir a cualquier crisis económica, sea del tenor que sea, sin siquiera sentir las consecuencias? ¿A los que mandan y tienen voz todos los días?

La realidad es que no representan a nadie más que a ellos mismos y a su deseo de destruir todo lo que se atraviesa por su camino. Son incapaces de ver más allá del minuto en el que viven. Pero el problema es que venían ganando, desde hace años que se sentían vencedores.

Por eso, capaz que lo terrible de estos días deja algunos aspectos positivos, como el fin del grupo de funcionarios públicos intocable en Uruguay, el que tenía la posibilidad de sobrevivir a cualquier catástrofe. No es solo con la tímida medida anunciada por el gobierno que se logra. Pero es un avance, un primer paso necesario. Lo demás está por verse.

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